El gobierno estadounidense, como ya lo reveló Snowden, vigila llamadas
telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea y otras
formas de comunicación digitales. Para mantener semejante aparato de
vigilancia, EE.UU. destina miles de millones de dólares anuales.
Según reveló el Washington Post, un reporte ultra-secreto llamado el Libro de Justificación del Presupuesto Fiscal 2013
[PDF] del Congreso señala que EE.UU. destinó un presupuesto de 52.600
millones de dólares a 16 agencias de inteligencia, incluyendo US$
14.700 millones para la CIA, US$ 10.800 millones para la NSA y US$
10.300 para la Oficina Nacional de Reconocimiento.
El reporte confirma que la Agencia de seguridad Nacional inició un programa de espionaje digital de 278 millones de dólares para el año fiscal 2013, bastante menos del pico de US$ 394 millones registrado en 2011. El programa está focalizado en vigilar "circuitos de alto volumen y redes de conmutación de paquetes".
Además, la agencia tiene asignados US$ 1.590 millones para sistemas IT
empresariales, 1.020 millones para operaciones de redes y US$ 650
millones para análisis de datos.
Por su parte, cerca de US$ 5.000 millones del presupuesto asignado a la
CIA es destinado a operaciones de inteligencia, con más de US$ 67
millones reservados para financiar la falsa identidad de los espías
estadounidenses diseminados por todo el mundo. Este organismo tiene
presupuestados US$ 530 millones para sistemas IT empresariales, US$ 690
millones para operaciones de redes y US$ 660 millones para análisis de
datos.
Los documentos revelados también indican que tanto la CIA como la NSA
organizaron "ciberoperaciones ofensivas" con el propósito de ingresar en
redes informaáticas enemigas. Entre los blancos de los ataques de
contraespionaje se encuentran China, Rusia, Irán, Cuba e Israel.
La Agencia Nacional de Reconocimiento es la encargada de construir y
operar las comunicaciones electrónicas de EE.UU. y los satélites con
reconocimiento de imágenes. Según el documento, se le asignaron US$ 840
millones para sistemas empresariales, US$ 2.120 millones para hallar y
procesar imágenes de satélites gubernamentales y US$ 1.380 millones
para adquirir tecnología y personal dedicados a interceptar
comunicaciones entre personas, máquinas o ambos.
Tras la aparición de PRISM, estos datos no sorprenden, pero aumentan
las sospechas sobre un abuso de poder por parte de las autoridades
estadounidense con el pretexto de evitar actividades terroristas.