El
Gobierno porteño tiene 180 días para implementarlo Deberá dictar una
norma para que los buscadores borren links que afecten a una persona.
La Justicia porteña emitió un fallo que obliga al Gobierno de la Ciudad a
que, en un plazo de 180 días, dicte una norma que exija a los
buscadores de Internet con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, que
dispongan de un protocolo para borrar aquellos links que llevan a
páginas con datos que un usuario considere que vulnera sus derechos
individuales o su
derecho a la intimidad. Los buscadores involucrados
son Google, Yahoo! y Bing. Ahora, el Gobierno porteño podrá hacer lugar
al fallo o apelarlo.
"Incorporamos el concepto de Habeas Internet, más abarcativo que el derecho al olvido
que se aplica en Europa. Porque aquí se contemplan los datos sensibles
de cada persona (sus ideas políticas, religiosas, su condición sexual) y
el historial que pueda encontrar en la Web con informaciones personales
u opiniones que la persona considere inexactas o que dañan su
reputación", dijo a Clarín Andrés Gil Dominguez, el abogado que presentó el amparo colectivo en la Justicia porteña.
El fallo del juez Marcelo López Alfonsín, titular del Juzgado 18 en lo
Contencioso, Administrativo y Tributario, permite que cualquier
ciudadano pueda solicitarle a los buscadores –aportando pruebas– que
retiren los links que cree que lo perjudican. Y si el buscador da lugar
al pedido, que los pueda borrar de forma ágil. De concretarse la
iniciativa, la Justicia actuará recién cuando los particulares (usuarios
y motores de búsqueda) no se pongan de acuerdo.
El debate por la responsabilidad de los buscadores de
Internet sobre los
contenidos puestos online por terceros es cada vez más intenso en el
mundo. Aunque existen algunos matices, en la discusión se enfrentan dos
posturas. Están quienes aseguran que los buscadores tienen
responsabilidades sobre la difusión de la información alojada en los
sitios que aparecen en sus resultados de búsquedas. Los que abrazan esta
posición señalan que, lejos de una actitud pasiva, los buscadores
acceden a los contenidos puestos online por terceros, los indexan de
manera automática, los almacenan temporalmente y, por último, los ponen a
disposición de los internautas según un orden de preferencia
determinado. Y de esta manera realizan un
"tratamiento de datos personales" (cuando sea de ese tipo la información en cuestión) por el que deben responder.
En el rincón opuesto, están quienes señalan que cargar a los buscadores
con la responsabilidad de filtrar contenido a solo pedido de una parte
atentaría contra la libertad de expresión y estaría poniendo en manos de
un particular (el buscador) una decisión sólo reservada a la Justicia:
la de dirimir en un choque entre
derechos fundamentales.
En mayo, el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea convalidó el derecho al olvido,
que implica que si alguien en Europa encuentra en cualquier buscador
datos que considera que lo perjudican, puede solicitarle a la empresa
que los borre. Al 30 de septiembre Google había recibido en Europa
135.000 solicitudes de eliminación de links. La semana pasada, un juez
japonés le ordenó a Google retirar links de un hombre al que
relacionaban con delitos.
Este caso se suma al de la
bailarina, al
caso que llegó a la Corte Suprema por la demanda contra Google y Yahoo! y al
debate sobre los buscadores en Corte Suprema
Fuente:
Clarin
