París. Corresponsal
En una urgente
conferencia de prensa tan inesperada como la ley, el premier británico
David Cameron y su vice Nick Clegg anunciaron ayer una legislación de
emergencia para continuar las escuchas y la conservación de
conversaciones telefónicas, e–mails, websites y todos los registros de
una persona en manos de los proveedores de Internet, con la excusa de
frenar terroristas y “ante la situación que se vive en Irak y Siria”.
La
ley, consensuada en tiempo récord con los líderes laboristas y
liberales demócratas pero sin consultar a ningún otro legislador o
Comité, será tratada el martes en la Cámara de los Comunes y el jueves
en la de los Lores. El principal problema de Cameron en estas horas es
justificar la urgencia, cuando la decisión de anular la preservación del
historial comunicacional se remonta al mes de abril.
La
urgencia "oficial" se debe a la necesidad de una respuesta a la
sentencia de la Corte Europea de Justicia, que abolió las regulaciones
en abril pasado que obligaban a una compañía de comunicación a mantener
datos que podrían usar la policía, la justicia o los servicios secretos a
lo largo de 12 meses. El gobierno británico insiste en que esta nueva
legislación es simplemente para “seguir manteniendo el statu quo”.
Aparentemente,
la realidad es otra. En medio de una ola de fuerte euroescepticismo en
el reino, Cameron se apuró porque una nueva legislación de la Unión
Europea se apresta a quitar a la policía muchos de sus poderes para
investigar la vida privada de los ciudadanos y su capacidad de escuchas.
Downing
Street, la oficina del primer ministro Cameron, dijo que borrar estas
conversaciones o datos tendría “serias consecuencias para la policía y
las operaciones de contrainteligencia sobre los terroristas”.
Especialmente cuando al menos 600 británicos están en Siria o Irak
combatiendo en la “Jihad” o Guerra Santa y son reclutados por Internet.
“Las consecuencias de no actuar son graves”, advirtió Cameron.
El
problema para el gobierno es que muchos legisladores tienen enormes
sospechas de la emergencia. Quieren analizarla y poder estudiar sus
alcances y sus consecuencias posteriores. Los expertos consideran que
esta ley de emergencia podría derivar en nuevas leyes mas restrictivas
aun, con consecuencias inesperadas.
La realidad es que en Gran
Bretaña existe otra legislación para escuchar las conversaciones y leer
mensajes de textos y mails.Se llama RIPA y rige desde el 2000. Pero
necesitan una autorización del ministerio del Interior para escucharlas.
La
nueva legislación, que deberá ser revisada por el nuevo gobierno en el
año 2016, podría darle al Estado británico y a su policía la posibilidad
de mantener y usar estos datos para siempre.
Fuente http://www.clarin.com/mundo/Gran_Bretana-espionaje-Internet_0_1172283184.html
