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El
proceso legal, que comenzó en abril, será apelado por la empresa. La
gran mayoría de las empresas que ofrecen servicios de Cloud Computing
cuentan con servidores ubicados en distintas partes del mundo,
principalmente por motivos técnicos. Sin embargo, hay implicaciones
importantes relacionadas con la protección de datos personales de los
usuarios de estos servicios.
Por esto, y ante las acusaciones de vigilancia masiva de la NSA, Brasil y
Rusia tuvieron la idea de solicitar que las empresas almacenen los
datos de sus ciudadanos dentro de su territorio. En marzo, Brasil
anunció que
desechaba la idea, mientras que Rusia
no ha dado
señales de arrepentimiento. Hay dos razones principales para ello:
acceder con mayor facilidad a esos datos y evitar intromisiones
extranjeras.
Sin embargo, un proceso judicial en Estados Unidos podría romper la
ilusión de los rusos. Desde abril, un juzgado determinó que Microsoft
estaba obligado a entregar información de uno de sus usuarios. El
detalle es que los datos se encuentran
almacenados en Dublín, Irlanda y
Microsoft
se opuso a la decisión.
En el transcurso del año pasado, Microsoft y otras compañías
tecnológicas estadounidenses nos hemos enfrentado a la creciente
desconfianza y preocupación por nuestra capacidad para proteger la
privacidad
de la información personal ubicada fuera de Estados Unidos.Para mala
fortuna de esta empresa, un juzgado de distrito acaba de confirmar la
decisión, de acuerdo con
The Guardian.
Para la jueza, Loretta Preska, no se trata de una cuestión de ubicación
sino de quién tiene el control sobre los datos. No obstante,
Microsoft
apelará la decisión, de acuerdo con el asesor general de la
empresa, Brad Smith:
Lo único seguro esta mañana era que la decisión del Tribunal de Circuito no representaría la última etapa
de este proceso. Aunque hay otro punto que también es seguro: nuestros
datos -y el acceso a ellos- valen mucho. Si
Microsoft insiste en
limitar los intentos del gobierno estadounidense para acceder a los
datos de sus clientes, probablemente es más por una cuestión de
negocios -tener mejor reputación- que por un auténtico interés por
defender los derechos digitales de sus usuarios.
Fuente:
Fayerwayer