El 2005 fue un año en el que la Cancillería de la
República, el Departamento Administrativo de Seguridad, el Ministerio de
Defensa Nacional, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la
Nación, la DIJIN y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, realizaron trabajos coordinados para crear un grupo CERT ( por sus siglas en inglés Computer Emergency Response Team) que atendiera los incidentes de seguridad cibernética de las infraestructuras críticas del país. Fueron tres ejes temáticos los abordados en dichos trabajos:
- Eje Relaciones Internacionales: liderado por la Cancillería
- Eje Jurídico: liderado por Minjusticia
- Eje de Ciberseguridad: liderado por Mindefensa
No obstante lo anterior, no se tenía claro la entidad que fuera la
responsable de implementar ese CERT Nacional; sólo hasta el periodo
comprendido entre el 2007 y 2008, en el marco de un taller de seguridad cibernética realizado en Bogotá por el Comité Interamericano contra el Terrorismo – CICTE,
el Viceministro de Defensa de la época, el Dr. Alejandro Arbeláez,
comunica que sería el Ministerio de Defensa el encargado de la
implementación del CERT Nacional (hoy Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia – colCERT).
En el 2009, en el momento de presentar el proyecto colCERT ante el
Vicepresidente de la época, el Ministerio de Defensa Nacional y el DANE, reciben instrucciones de Vicepresidencia para realizar una política de ciberseguridad a la que más tarde se le suma el componente de ciberdefensa, esta política fue el CONPES 3701/2011. De esta manera nace
en Colombia una política de ciberseguridad y ciberdefensa que fue la
base para otras políticas en la región y caso de éxito para varios
Estados miembros de la OEA.
El CONPES 3701 básicamente diagnosticó en el país los siguientes
aspectos y generó una serie de medidas para enfrentar el problema:
Problema central
La capacidad actual del Estado para enfrentar las amenazas que atentan contra la ciberseguridad y ciberdefensa nacional es insuficiente.
Efectos del problema central
- Incremento de delincuencia cibernética y del riesgo de acceso indebido a la información.
- Afectación del normal funcionamiento y continuidad en la prestación de servicios.
- Persistencia de impunidad.
Ejes problemáticos
- Las estrategias y las operaciones de ciberseguridad y ciberdefensa no están coordinadas adecuadamente.
- Debilidad en la oferta y cobertura de capacitación especializada en Ciberdefensa y Ciberseguridad.
- Debilidad en regulación y legislación de la protección de la información.
Luego de varios años en dónde se ha apoyado en temas de ciberseguridad a varios países de las Américas, de recibir en la misma temática un invaluable apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través del CICTE;
llega el 2014 en dónde se acerca el final de la vigencia del CONPES
3701 y adicionalmente se presentan en Colombia varios hechos de
ciberseguridad (caso Andromeda, chuzadas a los diálogos de paz de la Habana, etc) que obligan al Presidente de la República a dar la orden de crear El ‘plan Colombia’ para la ciberseguridad. Nuevamente aparece la OEA con una Misión de Asistencia Técnica con funcionarios de los gobiernos de Canadá, España, Estados Unidos, el Reino Unido, República Dominicana, Estonia, Israel, Corea del Sur y Uruguay. Se presenta una vez más la oportunidad de que Colombia aborde nuevos retos en ciberseguridad.
Las exigencias del entorno tecnológico mundial demandan que Colombia fortalezca su actual institucionalidad cibernética,
el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia – colCERT,
el Centro Cibernético Policial – CCP y el Comando Conjunto Cibernético –
CCOC, deberán incorporar mayor personal y aumentar sus capacidades
institucionales y de perfiles técnicos. Algo no menos importante que lo
inmediatamente anterior, es el lograr un trabajo interinstitucional coordinado y una visión global y unificada de la ciberseguridad mundial y local, para enfrentar conjuntamente y con una mayor eficacia la problemática de inseguridad cibernética.
Pero el tema organizacional no es lo único que deberá gestionar el Gobierno, también se hará necesario hacer un esfuerzo económico
muy importante para adquirir: tecnología de punta, capacitación
especializada, infraestructura más robusta, mayor personal
especializado, instalaciones físicas, etc.
El colCERT como líder nacional en temas de ciberseguridad y ciberdefensa deberá ser fortalecido no solo institucionalmente, sino también, con el respaldo del Gobierno que le permita adoptar el liderazgo nacional otorgado con la firma del CONPES 3701.
Aunque actualmente se involucra a parte del sector privado en las
mesas nacionales de trabajos y coordinaciones en ciberseguridad, se
deberán implementar procesos sistémicos más eficientes que permitan la integración e interacción entre las entidades de ciberseguridad de Gobierno y los actores del sector privado.
La identificación, priorización y catalogación de las
infraestructuras críticas nacionales, es un objetivo que tiene una
relevancia prioritaria para posteriormente generar una “Plan Nacional de Defensa de las Infraestructuras Críticas Nacionales”.
Es por lo anterior que el sistema energético, sistemas de transporte,
sistema financiero, sistema de salud, entre otros, deben ser “arropados”
prontamente en el “Plan Colombia de Ciberseguridad”.
El marco legal ha sido tratado desde el 2005 (incluso desde antes) y
el fortalecerlo localmente y el adherirse a instrumentos legales
internacionales que permitan la colaboración mundial para la lucha contra el ciberdelito debe ser otra de las prioridades del Plan. La pronta adhesión a la Convención de Budapest sobre delitos cibernéticos y puesta en marcha de la cooperación cumplirá un papel vital para el cumplimiento de los objetivos.
Dado que el delito cibernético en un alto porcentaje es de carácter
transnacional, se hace necesario que con la gestión de la Cancillería de
la República, se sigan optimizando los canales de cooperación internacional para la investigación y resolución de los diferentes casos generados por la delincuencia cibernética.
Finalmente, y como reto a sortear dado que es la estructura donde se soporta un plan para afrontar y combatir el delito cibernético, debe ser considerado como otro objetivo crítico,
el de capacitar a todos los niveles y actores involucrados en
ciberseguridad del país, sin dejar de lado a la ciudadanía misma. Capacitar a fiscales y jueces en temas de ciberseguridad,
generar un mayor abanico de opciones académicas (maestrías,
especializaciones, certificaciones, etc) será un reto a considerar por
el Gobierno.
Son muchos los retos que deben ser afrontados, y el logro de los
resultados serán a largo plazo en la mayoría de los casos, pero lo más
importante es que se trabaje coordinadamente entre el Gobierno y el sector privado para alcanzar los objetivos, sin permitir que los cambios de Gobierno afecten la ejecución de lo planeado.
Imagen @Tadokoro, distribuida con licencia Creative Commons BY-SA 2.0
Actualmente de desempeña como CSA – Chief Security Ambassador de
Eleven Paths donde trabaja al lado de reconocidos expertos a nivel
mundial en temas de seguridad cibernética como, Chema Alonso, David
Barroso y Claudio Caracciolo. Dedicó 20 años de su vida a trabajar para
el Gobierno Colombiano, concretamente en el Ministerio de Defensa
Nacional donde se desempeñó como Asesor de Ciberseguridad y
Ciberdefensa. Durante este periodo de tiempo formó parte de mesas
bilaterales de cooperación en temas de seguridad cibernética entre
Colombia y los gobiernos de Israel y Corea del Sur.
