El mundo de internet al que ya casi nos habíamos acostumbrado, ha
cambiado considerablemente con la expansión de la conectividad móvil. La
primera consecuencia ha sido la conectividad permanente, que nos lleva a
estar todo el día conectados recibiendo y enviando mensajes, correos,
imágenes, etc. La segunda consecuencia es la bajada en la edad de inicio
en cuanto al acceso a internet, que está convirtiendo en habitual el
ver a niños de 12 años realizando selfies y enviándolos por Whatsapp. De
hecho, según los datos manejados por el INE, nada menos que el 70% de
los niños españoles de 12 años ya tiene su propio smartphone. Y la
tercera, la que más me cuesta asimilar, es el desembarco del mundo de
las
aplicaciones móviles –apps-.
Entiendo que mucha gente tenga la necesidad de estar permanentemente
conectada, o que simplemente no pueda evitarlo. Entiendo también que los
niños quieran tener un smartphone, ya que les permite comunicarse con
sus amigos, escuchar música, ver videos en Youtube, hacer fotos, etc,
etc. Pero lo que más me cuesta entender es que todos, niños y mayores,
nos estemos descargando innumerables aplicaciones que están accediendo a
la
información almacenada en nuestros terminales, y guardándola en
servidores que no sabemos ni dónde están ni qué hacen con ella.
Cuando un niño de 12 años (ó de 8) se descarga una aplicación, está
aceptando unas condiciones de uso. Aceptar esas condiciones es como
firmar un contrato, en el que recibimos un algo a cambio de otro algo.
Muchas apps advierten de que van a acceder a la agenda de contactos del
terminal, o a la galería fotos, o que van a almacenar información sobre
la geolocalización del usuario, o las tres cosas al mismo tiempo… ¿Y qué
sucede cuando ese usuario tiene 12 años, 10, 8 ó menos? Nuestra
legislación deja claro que no pueden recabarse datos de menores de 14
años de edad, sin el consentimiento expreso de sus padres o
representantes legales. Si a una entidad cualquiera se le ocurre recabar
datos personales de niños en la puerta de un colegio, sin la
autorización por escrito de sus progenitores, sin dar de alta una base
de datos en la Agencia Española de Protección de Datos, sin almacenarlos
de una forma determinada y cumpliendo toda una serie de requisitos, se
puede encontrar con una denuncia acompañada de una buena sanción, como
el lógico. Pero ¿Por qué razón las empresas que crean
aplicaciones
móviles sí pueden actuar de espaldas a todo?
Hace unas semanas, en un grupo de trabajo con menores de 13 años de
edad, uno de ellos reconocía que utilizaba distintos sistemas de
mensajería instantánea para “diversificar” y no usar siempre el mismo.
Partía de la idea de que así no daba demasiada
información personal a la
misma empresa. Este menor, en concreto, utilizaba WhatsApp, Telegram y
en ocasiones Line. No tuve que decirle nada, porque otra compañera suya
le contestó: “
¡Enhorabuena! Has conseguido que tu información ya no esté sólo en servidores norteamericanos, sino también rusos y coreanos”.
Lo que no deja de sorprenderme es que a nivel social y legislativo
estemos aceptando esta situación. ¿Cómo es posible que empresas de todas
partes del mundo estén recabando información, datos y fotografías de
niños y adolescentes sin encontrar traba alguna?
Para colmo, muchas aplicaciones advierten al usuario de que otras “
aplicaciones maliciosas”
podrían aprovechar la puerta que hemos abierto a su producto para
acceder a nuestros terminales móviles y obtener información, por
ejemplo. Es decir, muchas no tienen reparos en reconocer que no son
aplicaciones seguras. Así, en ocasiones nos sorprenden noticias como que
“alguien” ha accedido a los datos de 4,6 millones de usuarios de la
aplicación SnapChat, tan utilizada por los adolescentes, y ha publicado
parte de los mismos. Esto sucedía el pasado mes de diciembre. Pero otras
muchas aplicaciones tienen detrás a empresas que no facilitan
información sobre la seguridad de sus servidores, o sobre las razones
por las que almacenan nuestras fotografías, o sobre el tiempo que van a
guardar la información que obtienen.
Muchos niños afirman que sus padres les dejan descargarse aplicaciones
siempre y cuando estas no sean “de pago”. Pero ¿de qué creen que viven
entonces los equipos de desarrollo que hay detrás de esas aplicaciones?
Cuando sabemos que las aplicaciones gratuitas llegar a recabar en
ocasiones hasta el doble de información sensible que las aplicaciones de
pago.
Según información publicada por la Comisión Europea: únicamente el 61%
de las 150 "apps" más descargadas tienen una política de privacidad
clara, donde se específica para qué y en qué condiciones va a ser
utilizada nuestra información. Miles de aplicaciones no sólo no
presentan ningún tipo de política de privacidad, sino que son opacas,
inseguras y recaban todo tipo de información que no es necesaria para el
funcionamiento de la app.
Padres y madres deben supervisar las aplicaciones que se descargan los
niños, aunque se trate de sencillos juegos. Pero sobre todo, menores y
mayores, debiéramos acostumbrarnos a utilizar los sistemas de mensajería
instantánea y nuestras tablets o smartphones para enviar, obtener o
almacenar información NO PRIVADA.
Fuente:
Kids and Teens online
