26/05/13
Esta nota tampoco escapará de su destino: quedará almacenada en
bases de datos públicas o privadas. La información será desmenuzada
según quién la tome y clasificada para usos desconocidos. Quien firma el
artículo dejará que su correo sea cotejado con otros registros para
colaborar en la configuración de un perfil personal que quizás nunca
verá. Sucede en todos los órdenes. Nos observan, nos vigilan, toman
nota. Fundamentalmente el Estado, a través de las fuerzas de seguridad y
los organismos de control fiscal. Pero también bancos, empresas y
servidores de Internet. Es un síntoma de época: sin saberlo, goteamos
datos a cada paso y alguien viene detrás recogiéndolos para ponerlos en
valor, a veces vulnerando la frontera de la privacidad. Lo que sucede
después es el eje de una discusión global.
En la Argentina es cada
vez más fuerte la sospecha de que se usan las bases de datos para fines
polémicos. Se observa quién compra dólares, cómo, cuándo, dónde; se
observan las situaciones impositivas, para luego proceder con
intimaciones o incluso escraches públicos a deudores con nombre y
apellido. Una inocente compra de supermercado que supere los mil pesos y
se abone con tarjeta puede convertirse en el gatillo que jale la AFIP
para iniciar la investigación de un individuo. Nuestros rostros,
incluso, son captados por cámaras urbanas mientras caminamos y pasan a
engrosar archivos de imágenes que a veces terminan en TV. Sobran
ejemplos. Pero, ¿es lícito que nos observen? ¿Qué pasa con el derecho a
la privacidad consagrado por la Constitución?
En el mundo de
vidas privadas bajo la lupa, el país no es la excepción. A fines de
2011, Cristina presentó un ambicioso proyecto de vigilancia estatal
generalizada: una base tecnológica de datos llamada Sibios (Sistema
Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad), que almacena la
información biométrica (cara y huellas dactilares) de todas las
personas. Desde el 1 de enero de 2012, todos los recién nacidos son
registrados por Sibios, y la información queda a disposición de todas
las fuerzas de seguridad. En poco tiempo, integrado a sistemas de
cámaras urbanas, Sibios permitirá reconocer a cualquier persona en
cualquier lugar. La Presidente lo presentó como una herramienta contra
el delito, pero ONG vienen alertando sobre la manipulación de esos datos
para otros fines.
"Tenemos entendido que la AFIP cruza
información con Sibios. Un simple dato puede disparar que comiencen a
monitorearse los movimientos bancarios de quien hizo migraciones",
explica Beatriz Busaniche, especialista de la Fundación Vía Libre. "Lo
primero que destacaría es que Sibios se lanzó sin debate público –agrega
Ramiro Alvaez Ugarte, titular de la Asociación por los Derechos
Civiles–, no pasó por el Congreso2.
El sistema fue postulado como
el futuro de la mega vigilancia, pero para el especialista tiene
fisuras: "Las medidas de identificación no son eficientes ni dan
resultados seguros y existen enormes posibilidades de abusos de las
bases de datos, que se pueden convertir fácil en herramientas que se
usan para adelantar políticas y prácticas de discriminación", describe.
Más
allá del Sibios, el tecnólogo Julio López amplía: "El control de datos
es normal; lo delicado es el uso inescrupuloso de los datos. La
información de la Moreno card, ¿quién la va a manejar? El Estado quiere
dar telefonía. Cuando tenga acceso a las antenas de operadoras, ¿va a
tener la información de dónde está cada celular?".
La popular tarjeta SUBE es otro Big Brother
cuestionado y estatal. Al estar asociada a un nombre y a un DNI, quien
la controla –el Ministerio de Interior y Transporte– puede mapear los
movimientos de cada persona. "Nosotros denunciamos la SUBE como una
violación de intimidad. A través de ella, el Estado tiene la capacidad
de controlar en qué medios y a qué hora se desplazan nuestros hijos,
datos que deberían ser confidenciales", explica el experto en seguridad
informática Cristian Borghello.
Es lógico que por seguridad el
Gobierno vigile. Pero no más de lo necesario. Martín Carranza Torres,
especialista en derechos de tecnología, lo explica. "Documento,
domicilio, estatus criminal, eventualmente, y mi situación económica
para cobrarme impuestos. Si vigilan qué consumí fuera del país avasallan
el derecho a la intimidad consagrado por la Constitución2.
¿Qué
hay que saber? Primero que existe una ley de Habeas Data, que obliga a
registrar las bases de dato ante el Estado. La norma establece el
derecho de conocimiento de la información, para que el que desee saber
qué datos suyos tiene una entidad pueda solicitarlo. La Dirección de
Protección de Datos Personales es la autoridad de aplicación de la ley. A
través suyo, se puede ejercer el derecho a ser rectificado o eliminado
de un registro. La misma oficina, en su web ofrece consejos para
preservarse y no dar más datos de los necesarios.
Sin contar lo
que se filtra por mal uso de Internet, hay dos formas de que alguien
obtenga nuestros datos: a través del padrón electoral, que es público, o
cuando nosotros los entregamos. "Pero cuidado –alerta Borghello– la ley
establece que cada vez que damos un dato, también damos consentimiento
para que se use. Si abro una cuenta, el banco podrá disponer de
información. Pero hay letras chicas que habilitan a ese banco a utilizar
esos datos para fines que no informan. Esto da como colorario que nos
llegue a casa una oferta de una tarjeta gratuita de otra entidad".
Existen
por lo menos cuatro webs que, con sólo colocar DNI, vomitan datos
personales a veces erróneos. "Se nutren de registros viejos. Si alguna
vez estudiaste Medicina, pueden decir que sos estudiante", explica
Borghello. Sus palabras grafican la telaraña de información caótica que
se cruza en el universo de la vigilancia total, donde lo público se
mezcla con lo privado. En esa marea, flotamos todos. "Se puede saber
todo de nuestra vida privada –sigue Alvarez Ugarte– y más si el Gobierno
tiende a la vigilancia".
Se advierte: mantener un espacio ajeno a
la mirada de los otros es cada vez más difícil en una sociedad que
digitaliza hasta las cerraduras de ingreso a los edificios. Pero es más
complejo todavía con un Gobierno sediento de datos, que no sólo se vale
de su aparato de inteligencia para observar. Frente a todo esto, lo
único que queda es saber. Alvarez Ugarte enumera: "Cambiar nuestras
prácticas riesgosas y pedir información a las empresas y al Estado sobre
lo que hacen con nuestros datos". Y así y todo, no bajar la guardia.
