La Justicia porteña ordenó al gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires a
informar la ubicación exacta de las más de 2.000 "cámaras de video
vigilancia privadas incorporadas a la red pública", al hacer lugar a un
recurso de amparo presentado por el sociólogo Andrés Pérez Esquivel.
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El juez subrogante en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, Darío
Reynoso, le dio 30 días de plazo a la administración de Mauricio Macri
para dar a conocer esa información, según un fallo al que tuvo acceso
Télam.
Además, le recordó que debe restablecer el mapa de
cámaras públicas en
la web oficial por constituir "publicidad calificada que, por su vital
importancia, no sólo debe estar disponible para quien la solicite, sino
que es el Estado quien la debe ofrecer y publicar permanentemente
actualizada".
La demanda fue interpuesta por el nieto de Adolfo Pérez Esquivel, premio
Nobel de la Paz y miembro de la Red Latinoamericana de Tecnología,
Vigilancia y Sociedad, luego de que la Policía Metropolitana se negara a
cumplir la Ley 2.602, que obliga al Gobierno a publicar la ubicación de
las videocámaras en la
Ciudad.
Las
cámaras "son útiles dentro de un marco integral y planificado de
políticas públicas de seguridad; si no es pura propaganda electoral",
explicó Andrés Pérez Esquivel en un comunicado.
"Lejos de planificar -opinó-, el ministro de Seguridad (Guillermo)
Montenegro propone a los vecinos votar por Facebook o Twitter dónde
quieren poner
cámaras, sin ningún tipo de correlación con el mapa de
criminalidad. E incluso en varias esquinas las instalaron en los mismos
sitios que ya tenía la Nación", agregó.
El demandante señaló que "sin esta información, la ciudadanía, los
organismos de control y el Poder Legislativo" no pueden "controlar el
uso legal de las cámaras, ni aportar a una planificación racional en
favor de la seguridad de todos".
La Ley de Videocámaras fue votada en forma unánime y el año pasado todos
los legisladores, incluidos los del PRO, hicieron un pedido de informes
solicitando a la Metropolitana la ubicación exacta de las cámaras.
Pérez Esquivel dijo que el Superintendente de Comunicaciones, Jorge
Eduardo Martino, se negó luego a entregar la información e idéntico
comportamiento asumió ante similares pedidos realizados por la Auditoría
General de la Ciudad (Proy. 10.11.01/13) y la Defensoría del Pueblo
(CPDP-DP Dict. Nº 04/13).
"No es nada del otro mundo: Rosario, París e Inglaterra también publican
los puntos de sus cámaras, es un objeto tan público como un cesto de
basura; incluso más, mientras la Metropolitana se niega a cumplir la
Ley, Nación sí entregó su listado de 1.200 cámaras en la ciudad a
algunos Legisladores, tal como establece su protocolo", explicó el
sociólogo.
Pérez Esquivel consideró que Macri tiene dar explicaciones de manera
urgente sobre sus políticas de vigilancia, porque están "en las puertas
de un nuevo escándalo como el de las escuchas".
En ese marco, preguntó dónde están las cámaras de la Metropolitana; por
qué se niegan a inscribirlas en la Defensoría del Pueblo como obliga la
Ley de Protección de Datos Personales (1845); si son realmente 2.000;
por qué cuestan 125.000 pesos cada una; por qué entregan imágenes a la
TV si la ley dice que es información confidencial y por qué producen en
secreto drones que filman.
Fuente http://www.telam.com.ar/notas/201406/67503-ciudad-camaras-de-seguridad.html
