Dos organizaciones cuestionaron los nuevos formatos del DNI anunciados por el Ministerio del Interior. Consideraron que los mismos son innecesarios y ponen en riesgo los derechos de los ciudadanos.
La Fundación Vía Libre (FVL) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) expresaron hoy su preocupación
por el anuncio realizado por el Ministerio del Interior de la firma de
un convenio con la Real Casa de la Moneda de España para que el
documento nacional de identidad
argentino incorpore más tecnología. Las
organizaciones consideraron que las políticas públicas en la materia
deben estar informadas por una visión de derechos humanos que hoy
parece ausente.
En efecto, según informaron varios medios, el ministro del Interior
Florencio Randazzo firmó un convenio que busca incorporar al DNI una
tecnología que haría que nuestro documento fuera "inteligente".
Según informó el diario La Nación, el documento tendrá dos chips,
"uno
con los datos identificatorios de la persona y en el otro cada persona
podrá tener incorporados los datos de su historia clínica, de ANSES,
de PAMI y de la tarjeta SUBE, lo que simplificará y mejorará los
trámites, evitando papeles y múltiples identificaciones".
Para la ADC y la Fundación Vía Libre resulta enormemente preocupante
que la política de identificación de los ciudadanos se expanda sin
control y sin una mirada que tome en cuenta los riesgos que la misma
representa para la privacidad de las personas. La visión que parece
imponerse en el Estado
argentino es que cualquier "avance" tecnológico
es deseable en sí mismo. Y ello no es así.
Desde el punto de vista tecnológico es necesario, en primer lugar,
preguntarse por la necesidad de determinada información para los fines
que busca satisfacer la tecnología en cuestión. Como la finalidad legal
del DNI es la identificación de las personas, claramente la información
de la SUBE, del PAMI, de ANSES o la historia clínica es innecesaria.
Pero desde el punto de vista constitucional, ese análisis de necesidad
es aún más estricto. Las políticas de identificación masiva de la
ciudadanía representan una afectación a la privacidad de los ciudadanos
que pone en riesgo ese derecho fundamental. Ello explica por qué en
muchos
países que avanzaron con políticas masivas de identificación
volvieron sobre sus pasos y desmantelaron los sistemas de control.
"Si
el Estado nos obliga a tener un DNI y a llevarlo con nosotros, el
Estado debe hacerse responsable por los riesgos que ello implica", consideró Ramiro Álvarez Ugarte, abogado de la ADC.
"Si
nuestro DNI incluye —por ejemplo— nuestro domicilio y nuestros
movimientos en la tarjeta SUBE, perderlo significa que quien lo
encuentre sabrá dónde vivimos y en qué horario no estamos en casa", precisó.
Por su parte, Beatríz Busaniche de Fundación Vía Libre advirtió sobre la necesidad de contar con más información.
"Por
ejemplo, según dijo el Ministro, en caso de robo, el DNI se
bloquearía. ¿Esto significa que tendrá algún tipo de contacto con algún
servidor central que administre los datos? ¿En qué manos estarán esos
datos sensibles, cuáles serán los resguardos, qué usos se harán de
ellos?", se preguntó.
Asimismo, reclamó que haya una
"una evaluación profunda y una
discusión amplia sobre la necesidad de recoger y centralizar semejante
cantidad de datos personales por parte del estado".
Tanto la Fundación Vía Libre como la ADC señalaron que es momento de
cuestionar la lógica tecnológica que prima en la administración y
llamaron a incorporar una visión de derechos humanos que –sostuvieron–
hoy no está presenta en las políticas públicas de identificación y
control de la ciudadanía.
Fuente: Fundación Via Libre